Las leyes de alerta, también conocidas como órdenes de protección contra riesgos extremos (ERPO), son leyes que permiten a los familiares o agentes del orden solicitar a un tribunal que retire temporalmente las armas de fuego de una persona que se considera un peligro para ellos mismos o para los demás. Estas leyes están diseñadas para prevenir tiroteos masivos y otros tipos de violencia relacionados con armas de fuego identificando y desarmando a las personas que corren un alto riesgo de cometer violencia.
Hay algunas investigaciones que respaldan la eficacia de las leyes de bandera roja. Un estudio de 2019 realizado por RAND Corporation encontró que los estados con leyes de bandera roja tenían una tasa de tiroteos masivos un 13% menor que los estados sin leyes de bandera roja. El estudio también encontró que las leyes de alerta se asociaron con una reducción del 7% en la tasa general de homicidios con armas de fuego.
Otro estudio, publicado en la revista JAMA Internal Medicine, encontró que los estados con leyes de alerta roja tenían una tasa de suicidio con arma de fuego un 10% menor que los estados sin leyes de alerta roja. El estudio también encontró que las leyes de alerta se asociaron con una reducción del 5% en la tasa general de suicidio.
Estos estudios sugieren que las leyes de alerta pueden ser una herramienta eficaz para prevenir la violencia armada. Sin embargo, es importante señalar que estos estudios son observacionales y no pueden probar definitivamente que las leyes de alerta causen una reducción de la violencia armada. Es posible que otros factores, como cambios en las leyes sobre armas o en las prácticas policiales, también hayan contribuido a las reducciones de la violencia armada que se observaron en estos estudios.
Argumentos a favor y en contra de las leyes de bandera roja
Hay varios argumentos a favor de las leyes de bandera roja. Los partidarios de estas leyes argumentan que son necesarias para prevenir tiroteos masivos y otros tipos de violencia relacionados con armas de fuego. También argumentan que las leyes de bandera roja son una restricción razonable al derecho a portar armas de la Segunda Enmienda, ya que sólo se aplican a personas que se consideran un peligro para ellos mismos o para los demás.
Quienes se oponen a las leyes de bandera roja argumentan que son inconstitucionales y que violan el derecho a portar armas de la Segunda Enmienda. También argumentan que las leyes de alerta son demasiado vagas y que las fuerzas del orden podrían abusar de ellas para atacar a opositores políticos u otras personas que no les agradan.
Conclusión
Las investigaciones sobre la eficacia de las leyes de alerta roja son contradictorias. Algunos estudios sugieren que estas leyes pueden ser efectivas para reducir la violencia armada, mientras que otros estudios no han encontrado ningún efecto. Se necesita más investigación para determinar definitivamente la efectividad de las leyes de alerta.