La investigación que evalúa la efectividad de las políticas de armas ha aumentado en los últimos dos años, proporcionar información a los encargados de formular políticas y al público en general para tomar decisiones acertadas sobre políticas diseñadas para reducir los homicidios y las lesiones al tiempo que se protegen los derechos de las personas, según un nuevo estudio de RAND Corporation.

La evidencia científica ahora respalda la conclusión de que las leyes de prevención del acceso de los niños reducen las lesiones autoinfligidas con armas de fuego fatales y no fatales entre los jóvenes. incluyendo lesiones accidentales y autolesiones intencionales.

Los investigadores también concluyen que existe evidencia de apoyo de que las leyes de defensa están asociadas con aumentos en los homicidios con armas de fuego y evidencia moderada de que aumentan el número total de homicidios.

"La base de evidencia para las leyes que involucran armas de fuego ha aumentado lo suficiente como para que ahora haya evidencia de apoyo sobre la influencia de este tipo de leyes en al menos algunos resultados, incluyendo lesiones y muertes, "dijo Rosanna Smart, autor principal del nuevo análisis y economista de RAND, una organización sin fines de lucro, organización de investigación no partidista. "Sin embargo, Hay muchos factores que los responsables de la formulación de políticas deben tener en cuenta al adoptar o modificar una política.

"Hay evidencia mucho menos sólida sobre los efectos de las políticas de armas en otros resultados que pueden ser importantes, como el uso defensivo o recreativo de armas y la posesión de armas ".

Los hallazgos provienen de la segunda edición de un proyecto RAND que evaluó miles de estudios para evaluar la evidencia disponible sobre 18 políticas de armas comúnmente discutidas en una variedad de resultados. incluyendo lesiones y muertes, tiroteos masivos, uso defensivo de armas, y participación en la caza y el tiro deportivo.

La versión actualizada del proyecto agrega cinco políticas de armas a la evaluación exhaustiva e incluye una base de datos, la primera en su tipo, de las tasas de propiedad de armas en los hogares en todo Estados Unidos desde 1980 hasta 2016.

El análisis RAND identificó 123 estudios que investigaron los efectos causales de las políticas de armas en cualquiera de los resultados previstos. La edición anterior del proyecto publicado en 2018 había encontrado 63 estudios que cumplían con estándares de alta calidad para la investigación causal.

"Con pocas excepciones, sigue habiendo una base sorprendentemente limitada de evidencia científica rigurosa sobre los efectos de muchas políticas de armas comúnmente discutidas, "dijo Andrew Morral, líder del proyecto RAND Gun Policy in America y científico principal del comportamiento. "Al destacar dónde se acumula la evidencia científica, Esperamos lograr un consenso en torno a un conjunto de hechos compartidos mediante una revisión transparente e imparcial ".

En la nueva versión del proyecto de política de armas RAND, Los investigadores determinaron que ahora hay evidencia moderada de que las leyes estatales que imponen prohibiciones de armas de fuego para personas sujetas a órdenes de restricción por violencia doméstica reducen los homicidios relacionados con armas de fuego contra parejas íntimas y el total de homicidios en general.

Si bien la ley federal establece tales prohibiciones, Los estados también deberían considerar la adopción de la estrategia como una forma de reducir los homicidios contra parejas íntimas, según el análisis. Estas leyes pueden ser más efectivas cuando se pueden aplicar a una amplia gama de casos de violencia doméstica y cuando la ley garantiza que la información sobre los casos se incluya en las bases de datos que se utilizan para realizar verificaciones de antecedentes.

Los investigadores también concluyeron que existe evidencia moderada de que los períodos de espera reducen los suicidios con armas de fuego y el total de homicidios. Las leyes de período de espera pueden ser una palanca política eficaz que los estados deben considerar para reducir las muertes por armas de fuego.

Existe evidencia limitada de que las leyes que prohíben la compra o posesión de armas de fuego por personas con antecedentes de salud mental adjudicada o incapacidad reducen los delitos violentos. Los investigadores recomiendan que los estados consideren exigir una verificación de antecedentes que investigue todos los tipos de antecedentes de salud mental adjudicados que conducen a prohibiciones federales sobre la compra o posesión de armas de fuego para la venta privada de armas.

El análisis también encontró evidencia limitada de que los requisitos de licencias y permisos para comprar un arma de fuego reducen el total de suicidios y suicidios con armas de fuego entre los adultos. así como pruebas limitadas de que las leyes de emisión obligatoria o de derecho a portar aumentan las tasas de delitos violentos.

Se encontraron pruebas limitadas de que antes de la adopción de la prohibición de la venta de armas de asalto y cargadores de alta capacidad, hay un aumento en las ventas y los precios de los productos que prohibirá la prohibición. Adicionalmente, Existe evidencia limitada de que una edad mínima de 21 años para comprar armas de fuego puede reducir los suicidios entre los jóvenes.

Solo se encontraron pruebas no concluyentes de los efectos de las leyes sobre la edad mínima de posesión, leyes de entrega de armas de fuego, Órdenes de protección de riesgo extremo o leyes de "bandera roja", requisitos de capacitación en seguridad de armas de fuego, informes de ventas de armas de fuego, requisitos de grabación y registro, prohibiciones de pistolas de baja calidad, y leyes de acarreo sin permiso. No se encontraron estudios que cumplieran con el estándar RAND para zonas libres de armas, permitir personal armado en las escuelas K-12 y exigir el reporte de armas de fuego perdidas o robadas.

La gran mayoría de la investigación ha evaluado los efectos de las leyes sobre los resultados de la violencia armada, como el suicidio y el homicidio, con mucha menos evidencia para informar los efectos sobre el uso defensivo o recreativo de armas. En parte, la ausencia de investigación sobre estos resultados refleja la ausencia de una recopilación de datos confiable y sistemática.

El estudio RAND insta al gobierno federal a hacer un compromiso sostenido de financiar la investigación de armas de manera continua. Sustained large-scale investments are necessary to develop a data infrastructure to measure outcomes such as gun crimes, nonfatal gun injury and gun ownership.

But researchers warn that until that happens, advances in knowledge about gun policies will need to be supported by private foundations.

"While there are promising signs that more high-quality studies are being performed about gun policies, there still needs to be sustained federal support for this work at levels similar to what is spent on comparable public safety threats such as highway safety and the opioid crisis, " Morral said.

To make progress toward providing improved data to support gun policy research, the new RAND gun ownership database combines information from a wide range of survey and administrative data sources. It provides estimates of the proportion of individuals living in households with a firearm for every state in each year from 1980 to 2016. The database generally shows that household gun ownership has declined over the period.

The tool should allow other researchers to use the annual state-level measures of household firearm ownership to test theories about firearm ownership and usage, including their relation to crime or public policy.

The United States has the highest gun ownership rate in the world, with estimates suggesting that Americans own as many as 300 million guns. Between 10 million and 20 million Americans actively participate in hunting or sport shooting annually, and the gun industry generates $16 billion in revenue and employs hundreds of thousands in gun manufacturing, distribución, sales and recreation.

Al mismo tiempo, more than 39, 000 people die each year from deliberate and unintentional gun injuries, with two-thirds of these deaths being suicides. Despite wide acknowledgement that gun violence levels are too high, states have pursued diverse approaches to regulating firearms that reflect little consensus on how best to prevent firearm violence while preserving the right to own firearms.