Los votantes chilenos acudieron a las urnas el 4 de septiembre y rechazaron una nueva constitución radical que habría ampliado significativamente los derechos indígenas, ambientales y sociales. Entre las disposiciones innovadoras incluidas en el documento se encontraban un conjunto de artículos que buscaban proteger los glaciares y prohibir la minería en ambientes glaciares. Unos 7,88 millones de personas votaron en contra del texto frente a los 4,86 ​​millones que votaron a favor.

Este referéndum de "salida" a nivel nacional fue la culminación de un proceso legal iniciado por el entonces presidente Sebastián Piñera (2018-2022) y 10 partidos políticos que firmaron el "Acuerdo por la Paz Social y una Nueva Constitución" el 15 de noviembre de 2018. 2019. Con el primer borrador rechazado, el proceso ahora comenzará desde cero.

La decisión de crear una nueva constitución fue impulsada por las protestas estudiantiles que comenzaron el 18 de octubre de 2019, por un aumento de 30 pesos, aproximadamente USD $ 0,04, en las tarifas del metro. Las protestas se intensificaron en las semanas siguientes para convertirse en un movimiento de masas que denunciaba el gobierno de élite, el neoliberalismo, la desigualdad social y la constitución regresiva legada por la dictadura de Pinochet (1973-1990).

La antropóloga Rosario Carmona, investigadora posdoctoral de la Universidad de Bonn en Alemania, remarcó que las protestas amplificaron la consigna "No son 30 pesos, son 30 años", que "hacía referencia al desencanto con las promesas incumplidas de la democracia". Carmona agregó que el descontento con el sistema político se agudiza por la creciente desigualdad económica, así como “la mala calidad de la educación pública y la salud pública, un sistema privado de pensiones que deja a los adultos mayores en condiciones muy precarias, altos niveles de contaminación y zonas de sacrificio, [ y] múltiples conflictos socioecológicos e interculturales".

Un referéndum de "entrada" realizado el 25 de octubre de 2020 preguntó a los chilenos si querían una nueva constitución. Hubo un apoyo abrumador para una reforma constitucional, con 5,90 millones de chilenos votando "sí" y solo 1,63 millones votando "no". Los votantes también aprobaron una asamblea constituyente que sería elegida directamente por la ciudadanía. Las elecciones tuvieron lugar en mayo de 2021 para elegir a los 155 miembros de la Convención Constituyente. Se ordenó la paridad de género y se reservaron 17 escaños para representantes indígenas. Luego, se encargó a la Convención que redactara y votara los artículos que se incluirían en la nueva constitución.

La Convención abrió caminos para la participación pública de individuos y grupos de la sociedad civil. La Fundación Glaciares Chilenos fue una de las organizaciones seleccionadas para dirigirse a la Comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Comunes Naturales y Modelo Económico. La Fundación Glaciares Chilenos presentó su caso sobre la importancia de inscribir la protección de los glaciares en el proyecto de constitución. El fundador de la organización, Felipe Espinosa, comentó durante una entrevista que la organización ha trabajado para explicar, en un lenguaje cotidiano, la importancia hidrológica, ecológica, social y cultural de los glaciares para la sociedad chilena.

El texto final se presentó al presidente Gabriel Boric y al público el 4 de julio de 2022. La Convención había aprobado cuatro artículos que brindaban protección legal a los glaciares (artículos 134, 137, 146 y 197). La Fundación Glaciares Chilenos respaldó con entusiasmo la campaña de aprobación, después de haber trabajado durante años para resaltar la necesidad apremiante de leyes sobre glaciares.

El proyecto de constitución puso en primer plano el bienestar humano-ecológico. Llamó al Estado a reconocer y promover el buen vivir, la democracia ambiental, la justicia ambiental y el desarrollo sostenible y armónico. Pidió al estado promover la energía renovable y la agricultura sostenible. Defendió los derechos humanos a un medio ambiente sano y aire limpio. Siguiendo los pasos de Ecuador, el documento estableció los derechos inherentes a la naturaleza en el más alto nivel de protección legal. Afirmó que los ecosistemas y la biodiversidad tienen derecho a existir, mantenerse y regenerar sus funciones y dinámicas.

En el artículo 134, los glaciares fueron identificados como bienes comunes naturales junto con las aguas territoriales, la atmósfera, los bosques, los cuerpos de agua y las áreas protegidas, entre otras entidades. Le dio al Estado el deber de conservar y restaurar estos bienes comunes y, en su caso, autorizar su uso como recursos para individuos y colectivos. El artículo 137 señaló que los glaciares, los ambientes glaciares y sus funciones ecosistémicas tienen la protección garantizada por el estado. Por lo tanto, a los glaciares se les otorgó un estatus constitucional explícito e inusualmente prominente.

El proyecto de constitución establecía el dominio del Estado sobre las minas, los minerales y los hidrocarburos, así como el deber de regular la explotación en el interés público y con respeto a las salvaguardias ambientales. Article 146 banned all mining activities on glaciers as well as inside protected areas. Moreover, the state was given a duty to manage human activities in relation to ecosystems to ensure equity, justice, and intergenerational well-being. Article 197 stipulated that there should be territorial planning processes to prioritize the protection of watersheds, aquifers, and glaciers.

The constitution empowered a new legal agency, the Defensoría de la Naturaleza (Defenders of Nature), to review the actions taken by public and private entities that might violate the rights of nature. Along with other entities protected as natural common goods, glaciers would have been granted a new juridical status beyond mere resources to satisfy human needs. The text recognized that natural common goods are integral to human well-being and must be protected for present and future generations.

The campaign to reject the draft constitution carried every region of Chile, often by wide margins. This has prompted significant commentary on why the "approve" campaign failed—despite the strong mandate for change reflected in the October 2020 referendum. Speaking for Fundación Glaciares Chilenos, Felipe Espinosa highlighted significant funding disparities that greatly favored the "reject" campaign, partisan media debates that did not accurately explain the text, and a "campaign of misinformation" that promoted fear. For Espinosa, it was "fear that remained more than hope" as the electorate went to the polls—"the hope, for instance, to build a better country."

Since the vote, the Boric administration and lawmakers have begun discussions about how to move forward with a completely new draft of the constitution. This has raised questions about strategy and priorities for glacier protection advocates. Felipe Espinosa commented that the Fundación Glaciares Chilenos will continue to back legislative efforts within the Chamber of Representatives to create a comprehensive glacier protection statute. The organization will also persist in its struggle to secure constitutional protections for glaciers. In an interview with GlacierHub, Espinoza stated, "Unfortunately, the text was rejected but apparently the constituent process is still open. And obviously we will be part of this new process, understanding that the environment, in general, and glaciers will be part of this new text, as they were with the previous one."

Currently, glaciers inside national parks are protected by law. However, glaciers outside of parks can be affected by human activity, such as the extractive projects of the mining industry. Rodrigo Gomez-Fell, a Ph.D. candidate in glaciology at the University of Canterbury in New Zealand, remarked:"Glaciers in the Andes are an important source of water for the local communities and agroindustry in the central valley of Chile. Appropriate legislation would ensure that this resource is used in a sustainable way and is preserved for future generations." However, many questions remain about glacial dynamics in the Andes. Gomez-Fell noted that further research is especially needed to understand the "role of rock glaciers in the hydrological system of drier areas of the northern part of Chile." He also stated, "If these water reservoirs are not considered in the legislation, we have the problem of leaving unprotected an important part of the Andes water cycle."

Climate change has also significantly impacted Chilean glaciers. Gonzalo Navarro, a Ph.D. candidate in energy, water, and the environment at Chile's Universidad de la Serena commented:"Just like all ice bodies in the world, glaciers in Chile have been strongly affected by climate change. However, this impact has shown to be enhanced due to human activities related to [a] decrease in albedo, mainly due to particulate material coming from urban centers and [the] mining industry." He added:"A new law on glacier protection is needed for the preservation of all cryoforms in Chile (glaciers and permafrost)" to ensure their environmental functions as short-term and long-term water reserves.

Chilean glaciers cover an area of approximately 23,700 square kilometers, according to a 2017 inventory. This comprises roughly 82% of all the glaciers in South America. The defeat of a constitutional initiative that would have protected them leaves not only Chile, but the entire continent in a more precarious position. However, the strong commitment of those who have worked to conserve glaciers raises hopes for future actions to promote sustainability and to secure robust legal protections for glaciated environments.