Casos reportados:
Según un informe de 2018 de la Acid Survivors Foundation India (ASFI), los ataques con ácido en el país han experimentado un aumento constante desde 2014. Solo en 2017, ASFI registró 298 casos de ataques con ácido, lo que representa un aumento de 273 casos en 2016 y 262 en 2015.
Alcance global:
Los ataques con ácido no se limitan a una sola región. En el Reino Unido, por ejemplo, ha habido un asombroso aumento del 500% en los casos registrados de ataques con ácido entre 2012 y 2017. Se observan tendencias similares en países como Bangladesh, Pakistán y Sudáfrica.
Disparidad de género:
Las mujeres y las niñas se ven afectadas de manera desproporcionada por los ataques con ácido. Las estadísticas de ASFI indican que en India, las mujeres representaron casi el 75% de los casos de ataques con ácido entre 2014 y 2018. Esta disparidad de género a menudo se atribuye a cuestiones sociales, como la desigualdad de género y el bajo estatus de las mujeres.
Causas:
La venganza, los celos y las disputas por tierras y propiedades son algunas de las razones principales detrás de los ataques con ácido. La falta de leyes y reglamentos estrictos sobre la venta y posesión de sustancias corrosivas también contribuye al problema.
Consecuencias:
Los ataques con ácido tienen consecuencias graves y duraderas. Los supervivientes suelen sufrir desfiguraciones, pérdida de visión y traumas psicológicos. El costo del tratamiento médico y la rehabilitación puede ser abrumador y estas personas pueden enfrentar desafíos en materia de integración social, educación y empleo.
Abordar el problema:
Para combatir la tendencia creciente de los ataques con ácido, se requieren estrategias integrales. Una legislación más estricta, un control estricto de la venta de sustancias corrosivas, campañas de concientización y sistemas de apoyo para los sobrevivientes son pasos cruciales para prevenir nuevos ataques y ayudar a los afectados.
El creciente número de ataques con ácido pone de relieve un problema social apremiante que exige medidas inmediatas por parte de los gobiernos, los organismos encargados de hacer cumplir la ley y la sociedad en general. Al reconocer la gravedad del problema y trabajar para su erradicación, podemos crear comunidades más seguras para todos.