En una decisión unánime, el tribunal dijo que la ciudad de Amherst violó la garantía de libertad de expresión de la constitución estatal al cobrar a los no residentes una tarifa anual de 40 dólares. El tribunal dijo que la tarifa "impone una barrera financiera al acceso a información e ideas" y, por lo tanto, violaba la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
El caso fue presentado por un grupo de no residentes que argumentaron que la tarifa era injusta y violaba sus derechos constitucionales. La ciudad argumentó que la tarifa era necesaria para cubrir los costos de brindar servicios bibliotecarios a no residentes.
El tribunal rechazó el argumento de la ciudad, diciendo que la ciudad no había demostrado que la tarifa fuera realmente necesaria para cubrir los costos. El tribunal también dijo que la ciudad tenía otras opciones para aumentar los ingresos, como aumentar los impuestos o cobrar multas por materiales atrasados.
La decisión es una victoria para los defensores de la libertad de expresión y un revés para las ciudades que han estado cobrando tarifas a los no residentes por los servicios bibliotecarios. También es un recordatorio de que la Primera Enmienda protege el derecho de todos los estadounidenses a acceder a información e ideas, independientemente de su situación financiera.
En respuesta a la decisión del tribunal, la ciudad de Amherst ha anunciado que ya no cobrará a los no residentes una tarifa por el préstamo de materiales de la biblioteca. La ciudad también acordó reembolsar las tarifas que ya ha cobrado a los no residentes.