El caso fue presentado por un grupo de no residentes a quienes se les cobró una tarifa anual de $10 por el préstamo de materiales de la biblioteca de la ciudad de Amherst. El grupo argumentó que la tarifa violaba sus derechos constitucionales y la biblioteca argumentó que tenía derecho a cobrar una tarifa a los no residentes.
El tribunal se puso del lado del grupo de no residentes y dijo que la política de la biblioteca era inconstitucional. El tribunal dijo que la biblioteca era una institución pública y que no podía discriminar a los no residentes.
La decisión del tribunal es una victoria para los usuarios de las bibliotecas de New Hampshire. Significa que todos los residentes del estado tendrán acceso a las bibliotecas públicas, independientemente de su ciudad de residencia.